Muchas veces, las reformas y actualizaciones de leyes se encuentran con dificultades ante la magnitud de los cambios que se tienen que hacer. Y parece que, en el ámbito laboral en México, esto puede un ejemplo nuevo a tomar en cuenta.

 

Ante la reciente reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual incluye la adición al artículo 21 que refiere jornadas laborables por encima de las estipuladas por la ley, la función de Recursos Humanos en las empresas privadas cobrará gran relevancia por la necesidad que surge de revisar y analizar las cargas de trabajo actuales de la plantilla, y la vigencia de las estructuras organizacionales.

 

Asimismo, la medición de la productividad y del índice de usabilidad de las herramientas tecnológicas en las que se ha invertido, así como de la adecuada gestión del tiempo será esencial para determinar acciones clave que ayuden a mitigar riesgos innecesarios. Expertos del caso incluso proponen recomendaciones para el caso, compartidos por El Economista.

 

Primero, realizar un análisis de FTE (indicadores de equivalentes a tiempo completo), que permite identificar la distribución de cargas de trabajo, para entender claramente cómo se distribuyen las ocho horas diarias laborables en actividades y medir su eficiencia. De igual forma, ayuda a comparar los resultados con benchmarks de industrias, empresas y dimensiones de operación similares, por lo que es una herramienta valiosa para detectar si alguna persona tiene un exceso de actividades asignadas o si existe capacidad ociosa en la plantilla. Lo anterior les permitirá a las compañías contar con elementos para redistribuir las cargas de trabajo de forma eficiente, es decir, al identificar al talento que cuenta con un exceso de tareas, se le pueden reasignar algunas a quienes tienen capacidad disponible.

 

Como otro consejo, se debe buscar definir claramente los objetivos de cada área para medir la productividad. A su vez, comprender las causas raíz de las ineficiencias y el incumplimiento de metas y estándares que generan "retrabajo", debe ser parte del análisis que las funciones de Recursos Humanos deben realizar para apoyar a los equipos operativos, de negocio y soporte, a fin de identificar aquellas barreras que están dificultando las actividades, y extendiendo los horarios laborales innecesariamente.

 

En este sentido, la revisión de reportes analíticos permitirá identificar tendencias y patrones que revelen oportunidades de mejora. Asimismo, la vinculación entre indicadores de Recursos Humanos y el negocio es clave para definir acciones correctivas que no solamente reduzcan las horas extra invertidas y las jornadas laborales extendidas, sino también que mejoren la calidad y experiencia del cliente y el talento (CX y EX, por sus siglas en inglés).

 

Asimismo, es importante comprender el origen de la extensión del horario laboral, ya sea por tener una plantilla incompleta, por la falta de oportunidades en la gestión de vacantes o de contratación de personal, por una capacitación ineficiente, por errores en la comunicación, entre otros elementos. Cabe destacar nuevamente que el trabajo en equipo entre las áreas de TI, Recursos Humanos y el resto de las y los líderes de la organización cobra relevancia para mitigar el riesgo de multas y sanciones relacionadas con la reforma.

 

Por último, identificar las actividades que se pueden automatizar, así como el índice de uso de la tecnología implementada en la compañía también debe formar parte del análisis que Recursos Humanos, en conjunto con el área de Tecnología de la Información (TI), puede liderar para mitigar el riesgo de caer en excesos de cargas de trabajo. Por lo tanto, conocer claramente cómo se ejecutan los procesos y las herramientas tecnológicas disponibles y sus funcionalidades debe ser un trabajo en conjunto entre las áreas operativas de negocio y soporte, incluyendo a Recursos Humanos y TI.

Aunque la mayoría de las grandes empresas cuenten con buenos (en algunos casos, excelentes) niveles de ciberseguridad, no quiere decir que no estén exentas de hackeos. Los ejemplos del ciberataque masivo dirigido a la compañía AT&T en Estados Unidos, o el reciente caso de Ticketmaster, en el cual se reveló información personal de sus usuarios, quedaron muy frescos en la memoria de los empresarios.

 

 

Pero las pequeñas y medianas empresas (pymes) también enfrentan riesgos de ciberataques, como la violación de datos y el ransomware. Durante el año pasado, se bloquearon 40.4 millones de intentos de ataques a pymes en México, de los cuales, 23,000 fueron intentos de ataque de phishing, de acuerdo con un estudio de Kaspersky. De hecho, el phishing, una técnica que consiste en engañar a la víctima haciéndose pasar por otra persona, empresa u organización por correo electrónico con la intención de obtener información o enviar un ransomware, fue de las más analizadas.

 

 

En este sentido, Manuel Pérez Carbajal, consultor en ciberseguridad, explicó a El Economista que los ataques más frecuentes son por correo electrónico, debido a que las pymes tienen medidas de seguridad básicas. Para las pymes estar vulnerables a un ciberataque es peligroso, porque no podrían recuperarse económicamente y llegar a la quiebra. De acuerdo con Kaspersky, un ataque de este tipo representa pérdidas de hasta 155,000 dólares. Este miedo no solo se debe a factores externos, sino también internos debido a que el 56% de los líderes empresariales en México considera un peligro que los antiguos colaboradores utilicen accesos e información de la empresa con otros fines.

 

 

Si las empresas están desprotegidas, tanto internamente como externamente, pueden tener mayor posibilidad de un hackeo, por ello Manuel Pérez explica que las compañías pueden implementar zero trust, que es un concepto que se centra en no confiar en nada ni en nadie, aunque sea dentro o fuera de la red corporativa sin antes verificar quién quiere acceder o cuáles son los dispositivos. Esto permite que los colaboradores salvaguarden su información al no confiar en las redes públicas como en los centros comerciales, parques y lugares concurridos que son lugares donde más se propicia el tráfico malicioso.

 

 

Sin embargo, en el caso contrario, si las empresas reciben visitas y comparten el acceso a la red WiFi, también están expuestas. Manuel Pérez explica que los visitantes pueden acceder sin problema a la red del negocio, siempre y cuando tenga una buena contraseña y se encuentre aislada para evitar el acceso a carpetas institucionales o información de la organización. Cabe mencionar que si una empresa quiere implementar el zero trust, primero debe plantearse el nivel de ciberseguridad que tiene, y si es capaz de identificar a los usuarios que quieren entrar.

 

 

Además, tener buenos niveles de ciberseguridad salva a las empresas de chantajes y rescates porque en promedio, las pymes pagan 6,500 dólares para recuperar su información, según el mismo estudio de Kaspersky.

El alcance de la inteligencia artificial parece desafiar el paradigma de la transformación de los puestos laborales, las tareas más sofisticadas ya no están libres de disrupción y esto plantea nuevos retos en el desarrollo de la fuerza de trabajo. La IA generativa en las actividades laborales plantea cambios inauditos en la automatización laboral, a nivel mundial. Antes de la disrupción de Chat GPT, el mayor riesgo frente a los cambios tecnológicos era para los trabajos rutinarios, aquellos que no requieren de habilidades específicas. Pero las nuevas tecnologías muestran que también pueden impactar en las tareas más complejas, o las que requieren competencias más avanzadas.

 

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un review recientemente publicado, “las capacidades de la IA se extienden a funciones cognitivas, permitiéndole procesar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y tomar decisiones. Como resultado, cambia los empleos altamente calificados, que se creían inmunes a la automatización debido a la complejidad y una dependencia de una profunda experiencia, y ahora se enfrentan a posibles interrupciones”.

 

De acuerdo con estimaciones del organismo, la inteligencia artificial puede transformar el 40% los puestos laborales a nivel global. Paradójicamente, las economías más avanzadas tienen las proporciones más altas de fuerza de trabajo más expuestas a transformaciones por la IA generativa. Como ejemplo masivo y cercano, podemos encontrar la huelga de actores y guionistas de Hollywood del 2023, que mostró la preocupación de la fuerza laboral creativa americana por el alcance que se puede tener con la tecnología en la creación de contenidos o productos. Una rama que desde antes de la aparición de la IA generativa se consideraba como una de las profesiones menos expuestas a la transformación digital, pero que demostró ser igualmente frágil.

 

La adopción de la inteligencia artificial cambió la suposición de muchos de que la tecnología sólo vendría a modificar y sustituir trabajos rutinarios o de menor calificación, pero el FMI apunta “que hay una transformación más amplia y profunda del mercado laboral que la de revoluciones tecnológicas anteriores”. El McKinsey Global Institute (MGI) coincide en un estudio que la IA generativa podría tener un impacto en los trabajadores del conocimiento, actividades que se veían poco expuestas en un contexto de automatización.

 

El MGI indica que la velocidad alcanzada en el desarrollo de IA aceleró el potencial de horas laborales que pueden automatizarse en algunas actividades económicas, por lo que estima que la mitad de las horas de trabajo podrían ser cubiertas por estas tecnologías, y esa expectativa se incrementó a un rango de entre 60 y 70 por ciento. Pero en medio del escenario de riesgos, el McKinsey Global Institute también señala la importancia de desarrollar una fuerza laboral que conviva y aproveche el potencial de la inteligencia artificial, y no que compita contra la tecnología.

 

El instituto encuentra otro ejemplo claro: en la ocupación de profesores de lengua y literatura inglesa de nivel superior, con actividades laborales de preparación de exámenes y evaluación de los estudiantes, la inteligencia artificial podría realizar las mismas actividades, pero “tal vez inicialmente para crear un primer borrador que sea editado por los maestros, y eventualmente con mucha menos necesidad de edición humana”.

 

Este nuevo panorama plantea nuevos retos para las personas ante un futuro del trabajo que tiene nuevas reglas, como lo es la importancia de habilidades blandas, como negociación y adaptabilidad para aumentar la eficacia. Francisco Briseño, socio líder de Workforce Transformation de PwC México, afirmó a El Economista que “aunque la IA ayuda a acelerar procesos o crear contenido, la decisión final siempre recae en el humano que la opera”. Así como las nuevas competencias en inteligencia artificial generativa, blockchain e internet de las cosas (IoT) -tecnologías que están redefiniendo roles como nunca antes- son importantes en el mercado laboral, las habilidades como el pensamiento crítico o la comprensión seguirán siendo demandadas en un entorno cada vez más digital.

 

Briseño también asegura que, entre las preocupaciones éticas más importantes ante el avance tecnológico, se encuentra la veracidad y la actualización de los datos utilizados por la IA generativa, ya que deben mantener precisión y legalidad. “Es necesario mantener una sensibilidad ética al aplicar la IA generativa, asegurándose de no perder de vista el contexto humano y las implicaciones éticas y culturales de las decisiones automatizadas”, destaca Briseño.

 

El avance de la IA no se puede detener, es una realidad instalada en el mundo actual. Y si no se logra aprovechar y regular al máximo su potencial, incluso los trabajadores más calificados podrían ver sus empleos en riesgo.

El 2020 será recordado como uno de los años más oscuros de la Historia universal. La rápida expansión de la pandemia por Covid-19 impactó al mundo entero, y dentro de todos los cambios que generó en la economía mundial, el teletrabajo es quizás el más transformador. Muchos de quienes leen estas líneas recordarán cómo su rutina laboral pasó a estar horas y horas frente a un monitor de computadora.

 

Sin embargo, la modalidad de "home office" también trajo un severo desorden de horas laborales productivas, y en muchísimos casos, de extender la jornada laboral por mucho más de las ocho horas que marca la Ley en México. Hoy, la desconexión digital es un derecho que se reguló con la reforma del teletrabajo. Ante esta nueva regulación, que tipifica como delito de explotación laboral las jornadas de trabajo superiores a la ley, el respeto a los límites de tiempo adquiere un papel cada vez más relevante.

 

El pasado junio entró en vigor la reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual amplió el concepto de explotación laboral para incluir los casos en los que la jornada de trabajo exceden los límites establecidos por la Ley Federal del Trabajo en México (LFT). La modalidad de home office no está exenta de garantizar el derecho a jornadas máximas legales. Sin embargo, la dificultad radica en que los trabajadores remotos no suelen registrar tradicionalmente sus entradas y salidas ni las horas efectivas de trabajo, lo que puede complicar la identificación de la explotación laboral.

 

Además, según lo establecido en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, se reconoce el derecho a la desconexión digital. Jimena Sánchez Argoytia, socia fundadora de Employment Legal Aid, compartió ante El Economista que la reforma a la ley busca eliminar el trabajo forzoso u obligatorio, estableciendo plazos y compromisos internacionales que México debe cumplir. En este sentido, resalta la importancia de respetar las jornadas máximas permitidas por ley.

 

Los antecedentes de la reforma se remontan a 1930, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebró un convenio para eliminar el trabajo forzoso, al cual México se adhirió ese año. A casi 100 años de esa norma internacional, como parte de las medidas adoptadas, hoy se busca capacitar y proteger a los trabajadores de tiempo laboral excesivo. Ésta también fue una de las razones por la que se aprobó en el Congreso mexicano la reforma para sancionar con cárcel las jornadas laborales excesivas, lo que incluye la garantía del derecho a la desconexión y evitar horas extras no justificadas.

 

Por ello, es importante la revisión de contratos, el uso de herramientas tecnológicas para el registro de horas trabajadas y la concientización sobre los derechos laborales, que incluyen el derecho a la desconexión digital. “Se establece una sanción por jornadas laborales excesivas, según la Ley Federal del Trabajo. Es clave garantizar el derecho a la desconexión y evitar horas extras injustificadas”, asegura Sánchez.

 

En este escenario, entre las medidas que pueden tomar las empresas para evitar que se constituya un delito de explotación laboral en el teletrabajo, proporcionar capacitación para informar sobre los derechos relacionados con la extensión del tiempo de trabajo, utilizar tecnología de medición de horas laborales para el registro y asegurarse de que la remuneración sea adecuada suelen ser las herramientas más utilizadas.

 

Los especialistas sugieren que los trabajadores que sientan que sus derechos han sido vulnerados pueden recurrir a instancias legales como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Dirección General de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para denunciar cualquier irregularidad. O en su defecto, buscar asesoría legal para poder hacer valer lo que, en México, ya es un derecho.

Un proyecto o negocio siempre se inicia con grandes expectativas y por ello se hacen inversiones de capital para instalaciones, maquinaria y contratación de personal, lo cual implica un fuerte desembolso inicial. Lógicamente, estas inversiones varían en sus montos dependiendo del poder de capital inicial de los empresarios, lo cual, en el caso de las Pymes, esos esfuerzos son muchas veces la única fuente de capital con las que cuentan los emprendedores. Pero existe un punto que muchos dejan de lado, y podría ser su talón de Aquiles.

 

En ese sentido, es recomendable tomar precauciones ante la inseguridad a la que podrían estar expuestos los emprendedores, pues su inversión puede ser considerada de alto riesgo. Según informes publicados por la empresa especialista de seguros Mapfre, la contratación de un seguro enfocado para pequeñas y medianas empresas (Pymes) debe ser una consideración prioritaria. Esto les permitiría a las pymes trasladar la posibilidad de un daño grave en el patrimonio a un gasto pequeño, ya que contar con un seguro es una decisión estratégica que permite a los emprendedores de cualquier actividad apostar por el crecimiento y la continuidad operativa de su negocio, además de que se convierte en una palanca para su desarrollo.

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que, en el país, existen más 5 millones de empresas registradas; sin embargo, entre 2019 y 2023, se reportaron más de 1 millón de cierres de establecimientos. En esos tiempos en donde la pandemia por Covid-19 afectó al mundo entero, uno de los principales factores, lo constituyó el no gestionar adecuadamente la administración de riesgos. Los emprendedores deben de tomar en cuenta las características de su entorno, a las que nadie está exento, como: la alta exposición a desastres naturales (sismos, huracanes, inundaciones), incendios, asaltos y accidentes, entre otros. La pandemia fue un claro ejemplo.

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una participación preponderante en la economía mexicana, explicada principalmente por su significativa contribución del 52% al Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. Además, generan el 72% del empleo del país, lo que al mismo tiempo explica un significativo aporte a los ingresos fiscales de México. Sin embargo, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a julio de 2020, el 80% de las pymes no contaban con un seguro en México.

 

 Los especialistas en seguros señalan que en el mercado asegurador hay una gran cantidad de pólizas especializadas en Pymes, donde es posible contratar solo lo que cada negocio requiere, lo que facilita su comercialización para que se efectúe de la manera más eficiente y rápida. Y, sobre todo, que no significa un impacto en los costos de los emprendedores. La necesidad de los seguros para negocios se ve influenciada incluso por el clima, las áreas geográficas, la demografía, los índices de seguridad de la localidad y el giro de la propia empresa.

 

En un país como México, en el que 75% de las PyMes enfrentan sus desafíos más complicados dentro de sus primeros dos años de vida, se puede anticipar que la mayoría de las organizaciones enfrentará algún tipo de riesgo para la continuidad del negocio. Estar preparado para ello –o no–, será toda la diferencia.

  

La pandemia quedó atrás, pero sus enseñanzas pueden encontrar nuevos desafíos en los próximos meses, sobre todo ante la inestabilidad que conflictos extranjeros pueden generar en la economía mexicana. Para poder afrontar esos desafíos, parece indispensable que esas empresas estén protegidas ante cualquier factor externo que pueda perjudicarlas. Y contar con una eficiente póliza de seguros es fundamental.

Previniendo el “apocalipsis”: ¿Qué pasa cuando una empresa se declara en bancarrota?

 

Supongamos que ocurre una catástrofe. De hecho, la cantidad de ejemplos de catástrofes se vienen acumulando en los últimos años, sobre todo desastres climáticos. La catástrofe es, muchas veces, inevitable. Pero eso no quiere decir que uno no pueda estar preparado.

 

La palabra bancarrota se remonta, según algunos historiadores, al siglo XV, en la Edad Media, donde los cambistas se sentaban en bancas para prestar dinero, pero cuando sus operaciones fallaban se les rompía el banco con un hacha. Quedaban con la "banca rota".

 

En la actualidad, la bancarrota se refiere al proceso legal para que las personas físicas y morales, que tienen más pasivos que activos y que les es imposible operar, puedan afrontar sus deudas a través de la reestructuración y si no funciona, tendrá que disolverse. Para esto deben regularse ante la Ley de Concursos Mercantiles, que busca evitar que las empresas quiebren. Ricardo Robles Pelayo, docente en derecho en la Escuela Bancaria Comercial (EBC), explica a El Economista que para que no se vayan a la bancarrota, las empresas en riesgo primero tienen que pasar por la reestructuración.

 

Según Robles, "antes era más común que las empresas quebrarán, pero en la actualidad ha cambiado la visión de los empresarios y en vez de extinguir su empresa, buscan alternativas para continuar". Si en una segunda etapa no pueden hacer frente a estas deudas, entonces viene el procedimiento de quiebra, donde se venden todos los activos para pagar a los acreedores.

 

Existen varios factores que llevan a la empresa a su disolución, una de ellas puede ser situaciones externas, como en la pandemia; cuando las empresas siguieron pagando a sus colaboradores a pesar de haber cerrado, pero algunas se quedaron sin recursos para que el negocio continuara. Otro factor es una mala administración, que implica la toma de malas decisiones, lo cual lleva a que la empresa se vaya al concurso mercantil y posiblemente a la bancarrota.

 

El concurso mercantil consiste en que tanto los acreedores como los colaboradores, hacienda, proveedores e instituciones reciban lo que les corresponde. Es como hacer una fila para ver quién tiene prioridad para que se le paguen las deudas. "La Ley contempla un derecho preferente en cuanto a los trabajadores, porque es un sector social que la misma constitución protege y les da el derecho de preferencia frente a los demás acreedores de la empresa", afirma Robles.

 

Cuando una empresa se declara en quiebra, se rige bajo el principio de buena fe, pero si las autoridades detectaron que se trata de una estrategia de evasión o quiebra fraudulenta, el Código Penal Federal en México, en el artículo 388 bis, establece lo siguiente: “Al que se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa”.

 

Una prudente actitud administrativa de las finanzas es siempre recomendable para cualquier empresa. Pero en caso de que esas "catástrofes" ocurran, no siempre todo está perdido.