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Reforma a la Ley Federal de Derechos

Por www.fourwell.mx
03 Nov, 2021

El 27 de octubre, el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual entrará en vigor a partir del 01 de enero del 2022 y que tiene como objetivo regular el costo por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como establecer las tarifas por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, tales como servicios migratorios, aduaneros, expedición de licencias, entre otros. 

 

Ahora bien, la reforma contempla el aumento de los costos en distintos productos y servicios; por mencionar algunos, el costo de la expedición de pasaportes aumentará entre $100.00 y $700.00 pesos mexicanos dependiendo del tiempo de su validez, asimismo, la prestación para los servicios de nacionalidad y naturalización mexicana que incluye la recepción, estudio y expedición de la carta de naturalización, el certificado y la declaratoria de nacionalidad sufrirán un aumento de acuerdo con el documento que se pretenda obtener.

 

Por otro lado, las entradas a museos o zonas arqueológicas también tendrán un aumento, debido a que se requiere cubrir los gastos por mantenimiento, conservación, restauración y capacitación de personal, lo anterior con el objetivo de afrontar el uso y desgaste generado por los visitantes.

 

Asimismo, para lo relativo al cobro por derechos sobre la tramitación de licencias, tanto para el autotransporte federal como para el transporte ferroviario tendrá una alza en el precio, se pretende automatizar, agilizar y facilitar los trámites en relación con las licencias en versión digital, con el objetivo de intercambiar información de trazabilidad y transparencia en tiempo real.

 

Ahora bien, para lo relativo al uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales, se eliminarán las declaraciones anuales y únicamente quedarán los pagos trimestrales definitivos, considerados por la naturaleza de su uso y explotación. Derivado de lo anterior y en relación con los cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, se prevé que los obligados al pago de derechos por dicho concepto deberán acreditar las concentraciones de contaminantes descargados a través de un procedimiento de muestreo y anális que clasifique la calidad del agua descargada, pudiendo exentarlos si es que las mismas no rebasan los limites maximos permisibles.