La expectativa con tensión en los mercados financieros parecía tener más información que los especialistas políticos. Tras apenas algunas horas de haber sido nombrado presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondrá aranceles de importación a diferentes productos proveniente de México y Canadá, dando a entender que este es el fin del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”).

Trump, quien advirtió que en el primer día de su gobierno impondrá aranceles del 25% a México y del 10% a Canadá, como "represalia" de las laxas políticas en materia de narcotráfico e inmigración por parte de los dos países. Esta medida podría destruir el T-MEC, el cual no incluye la imposición de aranceles entre los países miembros. Ahora, ¿puede Trump terminar con el T-MEC sin represalias legales?

De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, el tratado tiene una vigencia de 16 años a partir de la fecha en que entró en vigor; en este caso, el pacto comercial dio inicio el pasado 1 de julio de 2020. En el sexto año de la entrada en vigor del T-MEC, una comisión de los países miembros deberá reunirse para realizar una revisión sobre el funcionamiento del tratado y en dado caso hacer recomendaciones y/o adoptar medidas para su futura implementación. En dicha revisión, cada parte deberá notificar por escrito si desea prorrogar el tratado por otro periodo de 16 años, o en caso contrario, si uno de los países decide no continuar con el pacto comercial. En caso de que, alguno de los países opte por la segunda opción, se procederá a hacer una revisión del tratado cada año hasta cumplir el plazo vigente del T-MEC.

En su momento, el presidente Donald Trump planteó la “Sunrise Clause”, que limitaba la vigencia del acuerdo a 5 años con posibilidad de extenderla por otro ciclo de la misma temporalidad. No obstante, fue desechada por las comisiones negociadoras. Sin embargo, de acuerdo con los Estatutos de la Convención de Viena en Tratados Internacionales, la denuncia al tratado por alguna de las partes es una causal de suspensión y sería efectiva a los 6 meses de la notificación por escrito a los países miembros.

El T-MEC incluyó, hace apenas algunos años, muchas actualizaciones al contenido que se tenía establecido en el tratado similar de 1994 entre México y Estados Unidos, el primero de este estilo en la historia bilateral. Intrínsecamente unidos, los tres países se convirtieron en sus mejores socios, y lógicamente, cada uno de los gobiernos ha invertido largos años de negociaciones y compromisos. En México, por ejemplo, este tipo de tratados debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, con la ratificación del poder Ejecutivo. En Estados Unidos, el poder Ejecutivo no tiene el poder para eliminar este tipo de acuerdos de manera tan sencilla.

Todo indica que, Trump tiene un truco bajo la manga. Tras las elecciones, el Partido Republicano no sólo recuperó la presidencia, sino que alcanzó una influyente y poderosa mayoría en las dos cámaras legislativas, por lo que el presidente Trump contaría con el apoyo político para reformar o hasta derogar el T-MEC. Aunque claro, esto arrastra todo tipo de opiniones.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex aseguró al periódico “El Economista” que, “la posibilidad de que Estados Unidos imponga un arancel del 25% a los productos mexicanos que ingresen a territorio norteamericano, definitivamente generará un impacto en la economía mexicana y en la estadounidense”. La liberación de una creciente inflación motivaría un cambio en la velocidad de los recortes de la tasa en ambos países, y sin duda la actividad económica de México se vería impactada.

De acuerdo con el gobierno mexicano, en caso de que Trump imponga un arancel del 25%, los principales afectados serán los ciudadanos estadounidenses y las empresas de dicho país que cuenten con plantas en territorio mexicano. En específico, se habla de General Motors, Ford y Stellantis; esto, debido a que los impuestos propuestos tendrían un impacto directo en dichas empresas, lo cual equivaldría a duplicar el Impuesto Sobre Utilidades en México. Aunado a lo anterior, las autopartes exportadas desde México a Estados Unidos aumentarían su precio en un 25%.

El temor en Canadá es que la imposición de aranceles del 10% le costarían a la economía canadiense alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto (“PIB”), equivalente a unos 30,000 millones de dólares estadounidenses. El aumento del 25% en los aranceles sumiría a Canadá en una profunda recesión económica.

De momento, las provincias canadienses, capitaneadas por Ontario, la ciudad más industrial del sector automovilístico de Canadá, respaldan desmantelar el actual T-MEC, para que Washington y Ottawa negocien un acuerdo bilateral, sin México en el mapa. Pero hasta el 20 de enero de 2025, día en el que Trump asuma nuevamente la presidencia, se podrá saber más sobre este tema.