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  • Temporada de utilidades: ¿Quiénes tienen derecho, cómo se calculan y cuándo es la fecha límite? Lo que hay que saber

    Temporada de utilidades: ¿Quiénes tienen derecho, cómo se calculan y cuándo es la fecha límite? Lo que hay que saber

    Para muchos, parece ser un ingreso extra. Pero la realidad es que el reparto de utilidades, a poco de terminar el segundo trimestre del año, está amparado y validado por la Constitución en México, lo que lo convierte automáticamente en un derecho para los trabajadores. Pero, ¿por qué no todos reciben éste monto? Aquí te liberamos de las dudas.

     

    De acuerdo con Luisa María Alcalde Luján, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal Mexicano de 2018 a 2023, actual Secretaria de Gobernación de México, el reparto de utilidades (PTU) es un derecho constitucional, en donde se reconoce la contribución de las y los trabajadores en las ganancias anuales de las empresas. El Manual Laboral y Fiscal sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 2024[1] menciona que el reparto de utilidades está estipulado para desarrollar un equilibrio entre el trabajo y el capital, así como para reconocer la aportación de la fuerza de trabajo. Además, ayuda a mejorar la distribución de la riqueza, y contribuir a elevar el nivel económico de los empleados y sus familias. Esta prestación tiene el objetivo de aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto.

     

    Pero ¿cómo se calculan las utilidades? El reparto de utilidades es del 10% de las ganancias que obtuvo la empresa o el patrón el año anterior, es decir, en 2024 se repartirán los rendimientos de 2023. El pasado abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que el monto “tenga como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el empleado" [2].

     

    De acuerdo con el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, ese 10% de las ganancias obtenidas por las empresas se divide en dos: según el número de días laborados por cada uno de los empleados durante el año, sin importar el salario (50%) y, en proporción al monto de salarios devengados por el trabajo en un año (50%). Si el empleado trabajó en la empresa durante algunos meses del año anterior (tienen que ser más de dos), obtendrá una parte proporcional de las utilidades.

     

    Según marca la ley, el reparto de estas debe hacerse dentro de los 60 días posteriores a la fecha de pago del impuesto anual, es decir, los empleados que laboran para empresas tienen una fecha límite de pago de utilidades a más tardar el 30 de mayo, mientras que los trabajadores de un patrón (personas físicas con actividades empresariales y profesionales o personas físicas con régimen de incorporación fiscal), las recibirán a más tardar el 29 de junio del año corriente. Las empresas que sean de nueva creación, estarán libres de otorgar utilidades a sus trabajadores durante su primer año, o durante dos años si están dedicadas a la elaboración de algún producto nuevo. Tampoco lo deberán pagar si su utilidad neta fue menor a $300.000 MXN.

     

    Ahora, ¿quiénes no tienen derecho al reparto de utilidades? Los empleados que están contratados por honorarios, son directivos, gerentes, socios o accionistas de la empresa, no tendrán derecho al reparto de utilidades; de igual forma, los trabajadores que tengan una antigüedad menor a 60 días del año que corresponde el pago de utilidades, no recibirán este derecho. Sin embargo, los trabajadores que ya no laboren en la empresa al momento del pago de utilidades, o tengan contrato por un trabajo determinado mayor a 60 días, sí podrán exigir las utilidades de ese año.

     

    [1] Manual Laboral y Fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Reparto de Utilidades 2024. http://omawww.sat.gob.mx/repartodeutilidades/Paginas/documentos/manual.pdf

     

    [2] Comunicados de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no. 101/2024. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7774

    15 May, 2024
  • ¿Por qué México “desaprovecha” el Nearshoring, y qué impacto tiene en la actualidad fiscal?

    ¿Por qué México “desaprovecha” el Nearshoring, y qué impacto tiene en la actualidad fiscal?

    El término parece haberse esparcido cómo pólvora en los últimos años. El Nearshoring, cómo se conoce al proceso industrial de ocupar una posición “estratégica” en las grandes cadenas de suministros y bienes de consumo, parece ser la sensación en la planeación de las grandes multinacionales. Y México jugaría (por ahora, potencialmente) un papel preponderante.

     

    México es de los países más atractivos a nivel mundial en el proceso del nearshoring, por una razón bastante clara: su cercanía al mercado estadounidense. Sin embargo, también enfrenta enormes retos en la materia, desde infraestructura hasta temas de seguridad, según afirmó Shelly Shetty, directora gerente de soberanos para la calificadora financiera Fitch Ratings, este martes 7 de mayo. “México tiene mucho a su favor. Es una economía grande, tiene el centro de fabricación ya establecido; clusters a lo largo de la frontera, cuenta con mano de obra calificada y costos laborales competitivos”, afirmó. Pero podría  existir un peligro elemental.

     

    Quizás el principal ejemplo de lo que podría significar el nearshoring en México es la promesa de la llegada de la empresa automotriz Tesla, generada por su CEO, el excéntrico Elon Musk. A sólo algunos kilómetros de Texas, y con ésto, del mercado americano, la instalación de una fábrica de Tesla en Nuevo León, a pesar de rumores de que podría retrasarse e incluso cancelarse, aún es la principal cara del fenómeno industrial.

     

    Pero, ¿por qué México no pudo alcanzar su máximo potencial aún? La misma Shetty ofrece una respuesta al respecto. La directora gerente de soberanos para Fitch Ratings subrayó que los retos que tiene México están en la infraestructura, suministro de energía, operaciones de energía limpia, suministro de agua, y la seguridad.

     

    Si bien México es atractivo por su cercanía con Estados Unidos, otras economías, principalmente en Asia, también hacen el esfuerzo por atraer inversiones, como la India o Indonesia, que apuntan a los vehículos eléctricos, y Malasia con los semiconductores. El Nearshoring es un fenómeno mundial, y México podría quedar rezagado.

     

    Lo cierto es que las autoridades mexicanas ya realizan esfuerzos para no quedarse "fuera de la ola". El pasado 11 de octubre, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora, el cual establece una deducción inmediata de impuestos de 89% a 56% en bienes nuevos de activo fijo, y una deducción adicional de 25% durante tres años, para gastos de capacitación laboral.

     

    Los incentivos fiscales están destinados a las empresas productoras y exportadoras de 10 sectores seleccionados como sectores clave en la economía mexicana, con base en su alta productividad y contribución al crecimiento económico, y su impacto en la economía real. Entre los sectores que más destacan se encuentran: el sector alimenticio, humano y animal; los sectores de fertilizantes y agroquímicos; la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos, semiconductores, equipo eléctrico y electrónico. Para ser acreedoras a estos beneficios, las empresas deberán demostrar que al menos 50% de sus ingresos procedieron de la exportación en los años 2023 y 2024.

     

    Sin embargo, muchos expertos afirman que, incluso con las actuales cuestiones impositivas en México, no sólo las grandes empresas pueden beneficiarse del concepto Nearshoring, sino también cientos de PyMES que busquen ser sus proveedores, o incluso aventurarse a exportar por sí mismos. Para muchos, el reloj ya está corriendo.

     

    08 May, 2024
  • NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-247-SE-2021

    NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-247-SE-2021

    La Secretaría de Economía (SE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) de manera conjunta aprobaron la NOM-247-SE-2021, con el objetivo de regular las actividades inmobiliarias y la enajenación de inmuebles destinados a casa habitación, así como los elementos esenciales que deben contener los contratos.

     

    El fundamento de la norma se encuentra en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que regula las relaciones de consumo, es decir, las relaciones que surgen entre dos sujetos o individuos a los que la Ley reconoce como consumidor y proveedor.

     

    Ahora bien, la Norma establece que los proveedores están obligados a informar al consumidor sobre las características de la ubicación, la composición y naturaleza del inmueble, el precio de contado y en operaciones de crédito, las condiciones de enganche, anticipo y formas de pago, los términos y condiciones de la escrituración, la duración, restricciones y condiciones para hacer valer las ofertas.

     

    Asimismo, los proveedores deben respetar las condiciones bajo las que fue ofrecido el inmueble y dicha información debe estar contenida en los contratos como requisito formal para su validez y deben presentar durante todo el proceso de venta el aviso de privacidad que se encuentre de manera visible y accesible para cualquier consumidor, para proteger sus datos personales.

     

    Aunado a lo anterior, los inmuebles deben contar con los servicios básicos e indispensables para una casa habitación, es decir, los abastecimientos de agua potable, luz eléctrica, instalaciones de gas, instalaciones de aguas residuales, entre otros, por lo que, deben presentarse el proyecto ejecutivo, maquetas y en su caso, la muestra del inmueble.

     

    En el mismo sentido, la Norma obliga a los proveedores a contar con canales de denuncia gratuitos y accesibles para los consumidores, en donde estos últimos puedan ser atendidos de manera eficaz e imparcial, así como a entregar una carta de derechos que contenga los elementos de protección que establecen la Ley Federal de Protección al Consumidor, su Reglamento y la Norma en cuestión, con el objetivo de que los consumidores puedan reportar cualquier anomalía relacionada con la venta del inmueble.

     

    Adicionalmente, la carta de derechos debe garantizar que el consumidor cuenta con ciertos derechos, por mencionar algunos, a recibir la información y publicación veraz del inmueble, conocer la información sobre todas las características del mismo, elegir libremente el inmueble respecto a sus necesidades, la firma de un contrato de adhesión inscrito en la Procuraduría Federal del Consumidor, la garantía de que el inmueble cuenta con las características de seguridad y calidad contemplados en la Norma, la certeza de que será entregado en el plazo y las condiciones acordados, recibir bonificaciones y compensaciones, el derecho de protección por parte de las Autoridades competentes, entre otros.

     

    Por último, se establecen parámetros para la escrituración en los casos de operaciones sin crédito hipotecario, en donde se determina que el Notario Público que otorgue la escritura pública debe encontrarse registrado en el padrón de notarios de los organismos nacionales de vivienda e instituciones crediticias correspondientes. 

     

    Dicha Norma se crea con la intención de proteger contra fraudes a los adquirientes de viviendas de interés social, siendo estos criterios aplicables para todas aquellas personas, ya sean físicas o morales que participen de manera directa o indirecta en la venta de inmuebles, razón por la cual, la SE a través de la Dirección General de Normas y la Procuraduría Federal del Consumidor será la encargada de vigilar y verificar el cumplimiento de dichos parámetros.

     

    29 Mar, 2022
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