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La expectativa con tensión en los mercados financieros parecía tener más información que los especialistas políticos. Tras apenas algunas horas de haber sido nombrado presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondrá aranceles de importación a diferentes productos proveniente de México y Canadá, dando a entender que este es el fin del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”).

 

Trump, quien advirtió que en el primer día de su gobierno impondrá aranceles del 25% a México y del 10% a Canadá, como "represalia" de las laxas políticas en materia de narcotráfico e inmigración por parte de los dos países. Esta medida podría destruir el T-MEC, el cual no incluye la imposición de aranceles entre los países miembros. Ahora, ¿puede Trump terminar con el T-MEC sin represalias legales?

 

De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, el tratado tiene una vigencia de 16 años a partir de la fecha en que entró en vigor; en este caso, el pacto comercial dio inicio el pasado 1 de julio de 2020. En el sexto año de la entrada en vigor del T-MEC, una comisión de los países miembros deberá reunirse para realizar una revisión sobre el funcionamiento del tratado y en dado caso hacer recomendaciones y/o adoptar medidas para su futura implementación. En dicha revisión, cada parte deberá notificar por escrito si desea prorrogar el tratado por otro periodo de 16 años, o en caso contrario, si uno de los países decide no continuar con el pacto comercial. En caso de que, alguno de los países opte por la segunda opción, se procederá a hacer una revisión del tratado cada año hasta cumplir el plazo vigente del T-MEC.

 

En su momento, el presidente Donald Trump planteó la “Sunrise Clause”, que limitaba la vigencia del acuerdo a 5 años con posibilidad de extenderla por otro ciclo de la misma temporalidad. No obstante, fue desechada por las comisiones negociadoras. Sin embargo, de acuerdo con los Estatutos de la Convención de Viena en Tratados Internacionales, la denuncia al tratado por alguna de las partes es una causal de suspensión y sería efectiva a los 6 meses de la notificación por escrito a los países miembros.

 

El T-MEC incluyó, hace apenas algunos años, muchas actualizaciones al contenido que se tenía establecido en el tratado similar de 1994 entre México y Estados Unidos, el primero de este estilo en la historia bilateral. Intrínsecamente unidos, los tres países se convirtieron en sus mejores socios, y lógicamente, cada uno de los gobiernos ha invertido largos años de negociaciones y compromisos. En México, por ejemplo, este tipo de tratados debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, con la ratificación del poder Ejecutivo. En Estados Unidos, el poder Ejecutivo no tiene el poder para eliminar este tipo de acuerdos de manera tan sencilla.

 

Todo indica que, Trump tiene un truco bajo la manga. Tras las elecciones, el Partido Republicano no sólo recuperó la presidencia, sino que alcanzó una influyente y poderosa mayoría en las dos cámaras legislativas, por lo que el presidente Trump contaría con el apoyo político para reformar o hasta derogar el T-MEC. Aunque claro, esto arrastra todo tipo de opiniones.

 

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex aseguró al periódico “El Economista” que, “la posibilidad de que Estados Unidos imponga un arancel del 25% a los productos mexicanos que ingresen a territorio norteamericano, definitivamente generará un impacto en la economía mexicana y en la estadounidense”. La liberación de una creciente inflación motivaría un cambio en la velocidad de los recortes de la tasa en ambos países, y sin duda la actividad económica de México se vería impactada.

 

De acuerdo con el gobierno mexicano, en caso de que Trump imponga un arancel del 25%, los principales afectados serán los ciudadanos estadounidenses y las empresas de dicho país que cuenten con plantas en territorio mexicano. En específico, se habla de General Motors, Ford y Stellantis; esto, debido a que los impuestos propuestos tendrían un impacto directo en dichas empresas, lo cual equivaldría a duplicar el Impuesto Sobre Utilidades en México. Aunado a lo anterior, las autopartes exportadas desde México a Estados Unidos aumentarían su precio en un 25%.

 

El temor en Canadá es que la imposición de aranceles del 10% le costarían a la economía canadiense alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto (“PIB”), equivalente a unos 30,000 millones de dólares estadounidenses. El aumento del 25% en los aranceles sumiría a Canadá en una profunda recesión económica.

 

De momento, las provincias canadienses, capitaneadas por Ontario, la ciudad más industrial del sector automovilístico de Canadá, respaldan desmantelar el actual T-MEC, para que Washington y Ottawa negocien un acuerdo bilateral, sin México en el mapa. Pero hasta el 20 de enero de 2025, día en el que Trump asuma nuevamente la presidencia, se podrá saber más sobre este tema.

La erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres se presenta como una de las deudas históricas que la sociedad moderna aún no ha logrado resolver. Lógicamente, puede parecer una meta muy ambiciosa, pero, de acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial (“WEF” por sus siglas en inglés), pasarán muchos años para lograr cerrarla, tantos que incluso muchos no lograrán vivir el cambio.

 

El Congreso de la Unión aprobó el paquete de reformas referente a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el cual fue enviado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; dentro de dicho proyecto de reforma se incluyó la erradicación de la brecha salarial de género. Con el aval de 27 congresos locales de los 17 requeridos, la reforma de igualdad sustantiva fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el pasado 15 de noviembre.

 

Tristemente, todo eso, por ahora, sólo queda en papel. ¿Qué sigue después de que la reforma tenga efectos legales? Fernanda García, directora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (“IMCO”), afirmó ante el periódico “El Economista” que, "el reto para México no está en el marco legislativo, sino en la implementación de éste, la brecha está en la implementación, por eso sigue existiendo una diferencia en los ingresos que perciben las mujeres comparado con los hombres”. Además, García asegura que es necesario que se aproveche la oportunidad de los próximos 90 días para legislar cómo debe de ser tratado este problema en los centros de trabajo.

 

Las empresas hoy por hoy no tienen conciencia de la brecha, tan es así que no la publican ni son transparentes sobre ella, por eso es necesario que existan lineamientos que les permitan, como primer paso, medirla. "Tenemos una oportunidad única en el país, en el contexto de tener una presidenta por primera vez, y que es ella la que la ha puesto este tema en la agenda pública”, señala García.

 

Por otro lado, Fátima Masse, economista con perspectiva de género y cofundadora de Noubi Advisors, considera que aun con esta iniciativa, es necesario continuar la conversación sobre la brecha salarial de género, y analizar por qué sigue ocurriendo. “En realidad es un problema mucho más profundo, porque tú llegas a un trabajo y te preguntan cuánto ganas, y obvio, vienes de una base menor, tu grupo salarial es de una base distinta o lo que las mujeres que son madres tienen que hacer para seguir trabajando. Entonces, me parece que hay que hablar sobre lo complejo del fenómeno”, asegura Masse.

 

“Yo sí celebro muchísimo esta iniciativa. Se volvió a poner el tema en la mesa. Por supuesto que abre la puerta a que se desarrollen después programas, incluso normas, que puedan ir aterrizando este gran deseo o este buen objetivo que va a estar desde la Constitución, pero sin lugar a duda, hay que trabajar para que esto sea una realidad y no se quede nada más en papel”, afirma Masse.

 

Expertos coinciden con Masse en que, en México estamos en pañales en cuanto a la eliminación de la brecha salarial de género. En definitiva, el hecho de que los centros de trabajo privados y públicos comiencen identificando la brecha dentro de ellos, ayudará a tener un panorama de cómo se deberán construir las rutas profesionales para saber cómo enfrentarla, al igual que implementar ciertas acciones que vayan disminuyendo la brecha.

 

Potencias mundiales comenzaron con iniciativas similares a inicios de siglo, pero la brecha continúa siendo un problema sin solucionar en dichos territorios. Quizás pocos puedan verlo convertirse en una realidad, pero claro, eso no significa que no debamos comenzar ya a intentar cambiarla.

“El cielo es el límite”; con el crecimiento de las plataformas digitales a nivel mundial, la expansión parece infinita. Pero también ha generado preguntas sobre el papel que desempeñan los algoritmos que determinan las condiciones laborales de los colaboradores de las plataformas digitales. ¿Hasta dónde deben los algoritmos ser transparentes, y qué información deben de recibir los trabajadores sobre las decisiones que impactan su empleo?

 

Las plataformas de economía colaborativa, como las de transporte y reparto, utilizan algoritmos para organizar, asignar y medir el trabajo de sus empleados. Sin embargo, la transparencia sobre estos algoritmos es un tema complejo y polémico, que se contempla en la regulación del empleo en plataformas digitales propuesta por la administración de Claudia Sheinbaum.

 

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, por medio de la cual se pretende agregar un capítulo dedicado al trabajo en plataformas digitales, establece que dichas plataformas deberán elaborar un documento de política de gestión algorítmica que informe a sus empleados sobre “los elementos utilizados por los algoritmos para la toma de decisiones que puedan afectar la relación laboral y/o desempeño”.

 

Pablo Pruneda, coordinador de la Línea de Investigación de Derecho e Inteligencia Artificial (“LIDIA”) de la UNAM, durante el foro “Impacto de las Plataformas en el Marco del Emprendedurismo Digital en México”, organizado por LIDIA, fue claro en advertir al periódico “El Economista” que, “el objetivo de lograr mayor transparencia en las plataformas tiene una buena intención, pero que las políticas de transparencia algorítmica pueden caer en el error de intentar regular un aspecto del modelo de negocio que es esencial para su funcionamiento”.

 

"Las plataformas compiten a partir de un algoritmo que ofrece mejores satisfactores a quienes se conectan en ellas," declaró Pruneda, al mencionar el caso de una plataforma en Tepic, Nayarit, que opera con un modelo más simple y que permite a los conductores y pasajeros acordar tarifas de forma directa. Este modelo, de acuerdo con Pruneda, resalta la necesidad de regulaciones flexibles que no obstaculicen la innovación ni la creación de diversas soluciones, como en este caso.

 

De acuerdo con el área de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (“STPS”), el gobierno mexicano se ha inspirado en iniciativas como la Directiva de la Unión Europea para el Trabajo en Plataformas Digitales, la cual promueve la "gestión algorítmica" con la intención de ofrecer a los trabajadores un entendimiento básico de cómo operan los algoritmos de las plataformas para las cuales trabajan. La STPS propone un documento que explique en términos simples las reglas bajo las cuales se asignan tareas, se cuentan las horas laboradas, y como se distribuyen las evaluaciones de los empleados.

 

El objetivo, de acuerdo con el director del área de Previsión Social, no es que el algoritmo sea revelado o analizado por el gobierno, sino que los trabajadores puedan comprender las condiciones laborales a las que se exponen. No obstante, existen voces que advierten sobre el riesgo de revelar información que podría ser interpretada como un "secreto industrial". Cynthia Solís, abogada especialista en derechos digitales, destacó que, aunque no se pide la entrega del algoritmo en sí, sí se estarían solicitando detalles clave sobre su funcionamiento.

 

Además del marco regulatorio nacional, las plataformas también están sujetas a normas y acuerdos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre el Tratamiento Automatizado de Datos Personales, el cual ha sido ratificado por México. Dicho Convenio podría proporcionar algunas directrices sobre la transparencia en las decisiones algorítmicas de las plataformas digitales. No obstante, este Convenio se centra en la protección de datos personales, y no aborda específicamente la transparencia algorítmica de la relación laboral entre las plataformas y sus empleados.

 

La regulación de las plataformas digitales enfrenta el desafío de equilibrar derechos laborales con la protección de la competitividad empresarial. La posición de la STPS de proponer una "política de gestión algorítmica del trabajo", sin revelar detalles sensibles, parece ser una solución intermedia que busca ofrecer a los trabajadores claridad sin comprometer la propiedad industrial de las empresas, pero ¿será una solución definitiva?